Un órgano de derechos humanos de las Naciones Unidas da crédito a la coalición del "No" de Costa Rica
Se aconseja al Gobierno evaluar el impacto del DR-CAFTA sobre el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales
Ginebra, 26 de noviembre 2007 - ¿Preocupados por el impacto del Tratado de Libre Comercio de América Central- República Dominicana -Estados Unidos (en adelante, TLC) sobre los derechos humamos? También lo están los defensores del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Durante la reciente intervención de Costa Rica ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los miembros del Comité manifestaron su preocupación por los efectos del TLC sobre diversos derechos económicos, sociales y culturales en Costa Rica, incluido el derecho a la salud, la seguridad social, la alimentación y el agua.
En sus recomendaciones finales al Gobierno de Costa Rica, hechas públicas hoy, el Comité de las Naciones Unidas aconsejó al Gobierno de Costa Rica que evaluara seriamente los posibles impactos negativos de los compromisos contraídos en virtud del TLC, en particular en la esfera de la agricultura tradicional, los derechos del trabajo, el acceso a la salud, la seguridad social y los regímenes de propiedad intelectual que protegen, entre otras cosas, el acceso a los medicamentos, la biodiversidad, el agua y el derecho de las comunidades indígenas a esos recursos.[1]
Esas recomendaciones añaden el peso acreditado del Comité a las preocupaciones expresadas desde hace tiempo por los activistas de derechos humanos y el gran porcentaje de población de Costa Rica que se opone al TLC.
‘Estas recomendaciones son muy útiles,' dice Renee Velvée quien se concentra en los impactos de los acuerdos del comercio bilaterales para GRAIN y también colabora con el sitio del Web bilaterals.org, ‘por que acuerdos bilaterales como CAFTA tienen implicaciones tremendas en los derechos humanos, incluyendo derechos de la tierra, la biodiversidad, la salud y otros temas.'
El TLC fue ratificado por un estrecho margen mediante un referéndum celebrado en Costa Rica el 7 de octubre de 2007, en medio de acusaciones de fraude electoral, y ante la consternación de los numerosos expertos que están preocupados por el probable impacto negativo social y económico del TLC. Éste sólo entrará en vigor cuando la Asamblea Nacional haya aprobado 11 leyes relativas a su aplicación.
La coalición del "No", que representa los deseos de casi la mitad de la población del país, ha señalado repetidamente, entre otras cosas, los peligros del nuevo régimen de propiedad intelectual que impone el TLC, el cual requerirá cambios en la ley de patentes que, según la industria farmacéutica nacional, serán la causa de que los precios de los medicamentos aumenten en al menos un 800 por ciento.[2]
En la actualidad, el acceso a los servicios de salud es prácticamente universal en Costa Rica, en gran parte debido a que la legislación de patentes permite la producción de medicamentos genéricos y asegura así que incluso los sectores más pobres de la población puedan obtener los medicamentos necesarios. El TLC cambiará todo esto, pues contiene disposiciones de propiedad intelectual que limitarán drásticamente la capacidad de Costa Rica de fabricar, vender o importar medicamentos genéricos.
En respuesta a las preguntas planteadas por el Comité durante el examen realizado los días 6 y 7 de noviembre de 2007, la delegación hizo hincapié en que el Gobierno de Costa Rica había llevado a cabo una evaluación del impacto del TLC en los derechos humanos y era consciente de los posibles efectos negativos del TLC sobre determinados sectores de la población. El Estado confirmó que la aplicación se supervisaría detenidamente y que se distribuirían indemnizaciones sociales en los casos necesarios. A pesar de esas garantías imprecisas, la delegación no pudo responder concretamente a la mayoría de las preguntas del Comité en relación con el TLC, lo que sugiere que el Gobierno no ha tenido plenamente en cuenta el efecto del TLC de libre comercio en sus obligaciones en la esfera de los derechos humanos.
En calidad de Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Gobierno de Costa Rica está jurídicamente obligado a garantizar que no retrocede en ninguna de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Después de esta reunión ante el Comité de las Naciones Unidas, el Gobierno debe rendir cuentas y proporcionar pruebas a sus ciudadanos de que ha realizado la evaluación del impacto sobre los derechos humanos que dice haber hecho, así como pruebas de políticas y presupuestarias de que está aplicando medidas para garantizar que el TLC no se traducirá en una regresión del disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales en el país.
Para más información, sírvase ponerse en contacto con:
Caroline Dommen, Directora de 3D → T HR EE, correo-e cdommen@3dthree.org,
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Véase también el documento de antecedentes de 3D → T HR EE:
Costa Rica: Fortalecimiento de las leyes de patentes, debilitamiento de los derechos humanos, noviembre de 2007, disponible en: http://www.3dthree.org/es/page.php?IDpage=23&IDcat=5
[1] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones finales: Costa Rica, 26 de noviembre de 2007, disponible en www.ohchr.org/english/bodies/cescr/cescrs39.htm
2 Mora Jiménez, H. 101 Razones para Oponerse al Tratado del Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, San José: Escuela de Economía Universidad Nacional, 2004.